Ante dos años de cárcel por construir en suelo no urbanizable en Aljaraque

La Fiscalía de Huelva solicita dos años de cárcel para un padre y su hijo por un delito contra la ordenación del territorio tras parcela una finca rústica de su propiedad en Aljaraque y posteriormente construir  viviendas para su venta, a sabiendas de que el suelo era no urbanizable.  Además,  reclamará en el juicio -que se celebrará el próximo jueves 13 de octubre en el Penal 1 de Huelva- una multa de 4.800 euros a cada uno e inhabilitación especial para el ejercicio de la promoción o construcción de cualquier obra durante 3 años.

Según el fiscal, los acusados adquirieron en fecha no concretada y en contrato privado, la finca rústica sita en Aljaraque con unos 11.000 metros cuadrados de superficie y desde el año 2010 llevaron a cabo una «parcelación ilegal» contraria a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y a las normas urbanísticas de la localidad, con el fin de vender las cinco subparcelas resultantes, de unos 2.000 metros cuadrados tras construir e instalar en ellas casas de madera o similares.

Posteriormente, instalaron al menos cinco viviendas de madera o material prefabricado, con una planta, sobre suelo de hormigón fijo y de entre 50 y 90 metros cuadrados distribuidas en varias habitaciones y con baños-aseos. Estas edificaciones se encuentran situadas en suelo no urbanizable sin especial protección, y carecen de licencia municipal. Dos de las casas son usadas por los acusados como segundas residencias mientras no las vendan, otras dos fueron vendidas y la quinta subparcela fue adquirida a los acusados por un particular por unos 20.800 euros y al comprobar que no se podía construir, instaló una roulotte y una tienda de campaña.

En junio de 2013 uno de los acusados anunciaba en internet la venta de parcelas en la finca por un precio de 60.000 euros con casa construida y de 25.000 euros sin ella. Como las obras no son legalizables por carecer de licencia, ubicarse en suelo no urbanizable y sobre «parcelación ilegal» el fiscal pide además la demolición y retirada de las edificaciones a cargo de los acusados.