La Fiscalía tumba la pericial de la acusación que cifró en 4,5 millones la tasación de los terrenos y motivó el procedimiento / El secretario municipal y un testigo desmienten al arquitecto que realizó la primera tasación / Las partes elevan a definitivas sus conclusiones

Unos –los ex responsables políticos del Ayuntamiento de Cartaya, el ex alcalde Juan Antonio Millán (PSOE) y su mano derecha, Miguel Novoa,- se lavan las manos o derivan responsabilidades en los trámites que se siguieron en la operación urbanística  que los han llevado hasta el banquillo de los acusados en el llamado ‘caso Hiconsa’. Otros, el técnico -el arquitecto F.B.G.- y el representante de la promotora -J.M.R.- , se desligan de cualquier tipo de vinculación con la clase política con la que en junio de 2005 se firmó el convenio urbanístico para construir adosados en unos terrenos de 21.000 metros cuadrados.

Las declaraciones oídas en el Penal 1 de Huelva en el juicio celebrado hoy han ido colocando piezas del puzzle que en 2009 se creó a raíz de una denuncia de la oposición, que argumentaba un supuesto pago de favor a Hiconsa por parte del Ayuntamiento de Cartaya en base a una tasación encargada a un arquitecto. Este informe cifró en 4,5 millones el valor de la operación, frente a los 1,3 millones en los que se había cerrado el acuerdo.

Seis años después, el mismo arquitecto, F.L.H.M. se derrumba en la sala a preguntas de la fiscal Ana Laso, tras incurrir en contradicciones sobre el contenido de su informe. “Lamento si he cometido una declaración falsa”, reconoció el arquitecto después de admitir que mintió en su declaración en fase de instrucción respecto a si incorporó muestras en la tasación. Admitió además que no puso un pie en los terrenos, que no está inscrito como tasador, y que no  consultó a la arquitecta municipal cuando llevó a cabo la pericial.

En el juicio,  ha prestado declaración en calidad de testigo y no de perito, circunstancia que ha hecho constar uno de los abogados de la defensa, Gustavo Arduán.

La arquitecta municipal, S.R.M., puso en entredicho esta tasación, argumentando que no aportaba las muestras que legalmente se requieren, que daba un precio de venta de los adosados muy superior a los que se daben entonces en el núcleo de Cartaya (no en la Costa), que incluyó un 10% de terrenos colindantes que no formaban parte de esa unidad y por unos costes de urbanización que, según la técnico, no tuvo en cuenta las exigencias de la legislación vigente.

Por otro lado, los testimonios del secretario del Ayuntamiento, F.R.M.M. y del propietario de los terrenos colindantes, J.M.V., hicieron tambalear la versión del arquitecto F.B.G., acusado y al que se le atribuye la tasación del Consistorio.
Según declaró el secretario, fue el entonces alcalde, Juan Antonio Millán, el que propuso su contratación y se le hizo un contrato menor para la modificación de una parte del planeamiento, asegurando que era conocido que trabajaba también para Hiconsa. Términos todos que poco antes, en su declaración, el arquitecto acababa de negar.

De hecho, el propietario de los terrenos colindantes a la superficie afectada por el convenio lo situó como “intermediario de Hiconsa” en una reunión que tuvo lugar en el propio despacho del acusado, en el que le ofreció una cantidad (200 millones de pesetas) por sus terrenos., a lo que no accedió porque consideró que no era su precio.

Las conclusiones, a definitivas

Las partes han elevado a definitivas sus conclusiones. La Fiscalía solicita la absolución de los cuatro acusados –al igual que la totalidad de las defensas- al no advertir delitos en los hechos.
La acusación que ejerce el Ayuntamiento, solicita para Millán y Novoa tres años de prisión para cada uno y 17 años de inhabilitación para el empleo o cargo público por un delito de prevaricación y por otro continuado contra la ordenación del territorio.
Para el arquitecto, reclama una multa de casi 5.000 euros y la suspensión de empleo o cargo público por un delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos; ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación, un año y medio de prisión y una multa de 465.000 por euros por un delito de tráfico de influencias.
Para el administrador de Hiconsa, J.M.R., pide un año y medio de prisión y una multa de 6,1 millones de euros por un delito de tráfico de influencias, así como la pena de dos años de prisión más la pena de ocho años de inhabilitación para el empleo o cargo público por el delito de contra la ordenación del territorio.
Para la esposa de Novoa, ausente en el juicio, se piden dos años de prisión más ocho años de inhabilitación para el empleo o cargo público por un delito contra la ordenación del territorio.